El pasado 21 de abril, en el marco de la COP4 del Acuerdo de Escazú, se realizó el side event “Fomentando el Acceso a la Justicia Ambiental a través de la Justicia Abierta: Lecciones, Innovaciones y Caminos para la Reforma”, un espacio de intercambio que reunió a referentes de organismos internacionales, del sistema de justicia y de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la agenda ambiental desde una perspectiva de justicia abierta.
La actividad reunió a Gloria Manzotti (PNUD América Latina y el Caribe), Miosotis Rivas (CEPAL), Blas Matías Michenzi (UFEMA, MPF CABA) y Álvaro Herrero (RIJA), quienes compartieron experiencias y propuestas vinculadas a la implementación del Acuerdo de Escazú y la construcción de instituciones más transparentes, participativas y centradas en las personas.
Durante su intervención, Gloria Manzotti destacó la necesidad de traducir los principios ambientales en acciones concretas y marcos normativos efectivos, capaces de garantizar derechos y fortalecer la resiliencia institucional. Asimismo, subrayó la importancia de incorporar a las comunidades locales y a las juventudes en los procesos de toma de decisión, así como de desarrollar herramientas que permitan a funcionarios y comunidades afectadas implementar y ejercer esos derechos de manera efectiva.
Por su parte, Miosotis Rivas definió al Acuerdo de Escazú como una “hoja de ruta para fortalecer la gobernanza democrática ambiental”. Señaló que el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia conforman un sistema integrado de garantías efectivas y remarcó que el principal desafío para la región es avanzar desde la adhesión formal hacia la implementación concreta. Entre las reformas prioritarias mencionó la necesidad de asegurar información accesible, participación significativa, justicia especializada y mecanismos de protección.
Álvaro Herrero resaltó la convergencia entre las agendas de justicia abierta y justicia ambiental, y propuso pensar esta articulación bajo el concepto de “justicia ambiental abierta”. En ese sentido, sostuvo que el Acuerdo de Escazú interpela de manera directa a los poderes judiciales, que hoy ocupan un rol central en la garantía de los derechos de acceso. También destacó el trabajo de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) en la construcción de puentes entre ambas agendas, mediante la sistematización de experiencias, la generación de espacios de colaboración y la promoción de una agenda compartida de reforma.
Desde una mirada práctica e institucional, Blas Matías Michenzi compartió la experiencia de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) y señaló que el Acuerdo de Escazú implica un mandato sustantivo para las fiscalías ambientales. En particular, enfatizó la necesidad de promover mecanismos de escucha activa y participación ciudadana que excedan lo meramente formal, así como de fortalecer la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y actores técnicos especializados.
Finalmente, Eugenia destacó que los movimientos vinculados al acceso a la información ambiental fueron pioneros en impulsar mecanismos de control de los actos de gobierno y, posteriormente, en consolidar el acceso a la información como garantía de derechos. En ese marco, señaló que garantizar este derecho implica no solo publicar información, sino asegurar que se encuentre ordenada, clara y accesible para toda la ciudadanía. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de los poderes judiciales para brindar información ambiental de manera comprensible y oportuna, avanzando hacia un paradigma de justicia ambiental abierta. En relación con ello, destacó el trabajo de RIJA en la promoción de proyectos colaborativos con poderes judiciales de la región para mejorar la aplicación de las normas de acceso a la información. Como ejemplo, mencionó la elaboración —junto con la OEA y con apoyo de UNESCO— de los lineamientos de transparencia para los sistemas de justicia de Latinoamérica, orientados a fortalecer la transparencia y garantizar el ejercicio de otros derechos, como la participación ciudadana y la colaboración.
El encuentro permitió identificar puntos de convergencia entre las agendas de justicia abierta y justicia ambiental, así como la necesidad de construir espacios estables de articulación regional que impulsen reformas centradas en las personas y en la garantía efectiva de los derechos ambientales.
Puede ver la conferencia completa en nuestro canal de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w2JKh5T94jQ&t=2335s