Inés Selvood, coordinadora ejecutiva de la Red Internacional de Justicia Abierta, integró el panel organizado en Panamá junto a la CIDH, la OHCHR y la Global Civil Society Coalition for the UNCAC.
El pasado 29 de octubre se realizó en Panamá el evento híbrido “Fortaleciendo la participación y la justicia frente a la corrupción en América Latina”, en el marco del Taller Regional sobre Anticorrupción y Derechos Humanos para Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) y la Global Civil Society Coalition for the UNCAC, y del 197.º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) estuvo representada por su coordinadora ejecutiva, Inés Selvood, quien participó como panelista junto a María José Veramendi Villa, Oficial de Derechos Humanos y Anticorrupción de la OHCHR; Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH; y José Ugaz, Presidente de Proética, capítulo peruano de Transparency International. La moderación estuvo a cargo de Naomi Roht-Arriaza, Co-Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Víctimas de la Global Civil Society Coalition for the UNCAC y Presidenta de la Junta Directiva de DPLF.
Un espacio para pensar la lucha anticorrupción desde los derechos humanos
La actividad reunió experiencias de distintos países de la región para explorar cómo los avances en el reconocimiento de los vínculos entre corrupción y derechos humanos pueden traducirse en principios, estándares y prácticas más coherentes. Entre ellos, se mencionó el reconocimiento, en algunos países, del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y la necesidad de garantizar que las personas y comunidades afectadas puedan participar en los procesos de justicia y acceder a recursos efectivos.
El encuentro se organizó en torno a tres preguntas orientadoras:
- Qué principios y prácticas pueden fortalecer la participación y la legitimación procesal de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas afectadas por la corrupción en procesos administrativos, civiles y penales, incluidas las metodologías para documentar el daño.
- Qué estándares comunes deberían guiar la administración transparente y la reutilización social de los bienes recuperados, de modo de vincularlos con la reparación y el interés público.
- Cómo pueden los mecanismos regionales y de derechos humanos de la ONU complementar los esfuerzos nacionales en materia de justicia, rendición de cuentas y reparación.
Una agenda alineada con la justicia abierta
La participación de la RIJA en este espacio refleja su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares de sistemas de justicia más abiertos y más cercanos a las personas. El diálogo permitió, además, identificar vías concretas de cooperación regional entre organizaciones de la sociedad civil y Estados que enfrentan la corrupción y las economías ilícitas desde su trabajo en derechos humanos, medio ambiente, pueblos indígenas y otras áreas.